Un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) es un procedimiento legal que permite a las empresas llevar a cabo despidos colectivos o reducciones de jornada de sus trabajadores. Se trata de una herramienta que se utiliza en situaciones de crisis económica o empresarial, con el objetivo de ajustar la plantilla a las necesidades reales del negocio y garantizar su viabilidad a largo plazo.
¿Qué tipos de ERE existen?
Existen varios tipos de ERE, que se clasifican en función de su alcance y de las causas que los motivan. Los más comunes son:
– ERE de suspensión de contratos: en este caso, se suspenden los contratos de trabajo de los trabajadores durante un período determinado, sin que se produzca un despido efectivo. Durante este tiempo, los trabajadores no reciben salario ni cotizan a la Seguridad Social, pero conservan su derecho a reincorporarse a la empresa una vez finalizado el ERE.
– ERE de reducción de jornada: en este caso, se reduce la jornada laboral de los trabajadores, con una correspondiente reducción de salario. Este tipo de ERE se utiliza cuando la empresa necesita ajustar su plantilla a una menor carga de trabajo, pero no quiere prescindir de sus empleados.
– ERE de extinción de contratos: este es el tipo de ERE más drástico, ya que supone la extinción de los contratos de trabajo de los trabajadores afectados. En este caso, la empresa debe indemnizar a los trabajadores despedidos conforme a la ley.
¿Cuáles son las causas que pueden motivar un ERE?
Existen varias causas que pueden motivar un ERE, aunque la más común es la crisis económica. Cuando una empresa atraviesa dificultades financieras, puede encontrarse con que su plantilla es demasiado grande para el volumen de negocio que genera, lo que le obliga a reducir los costes laborales mediante un ERE.
Otras causas que pueden motivar un ERE son:
– Cambios en la demanda de los productos o servicios de la empresa.
– La necesidad de reestructurar la empresa para mejorar su eficiencia.
– La pérdida de contratos importantes.
– La fusión o adquisición de la empresa por otra entidad.
– La introducción de nuevas tecnologías que hacen redundante ciertos puestos de trabajo.
¿Qué derechos tienen los trabajadores afectados por un ERE?
Los trabajadores afectados por un ERE tienen varios derechos que están recogidos por la ley. Algunos de los más importantes son:
– Derecho a ser informados: la empresa debe informar a los trabajadores afectados por el ERE sobre las causas que lo motivan, el número de trabajadores que se verán afectados y las medidas que se tomarán para minimizar su impacto.
– Derecho a negociar: la empresa debe negociar con los representantes de los trabajadores las condiciones del ERE, incluyendo las indemnizaciones que se pagarán a los trabajadores despedidos.
– Derecho a la indemnización: los trabajadores despedidos tienen derecho a recibir una indemnización por despido, que está regulada por la ley. El importe de la indemnización depende del tipo de ERE y de las circunstancias de cada caso.
– Derecho a la recolocación: la empresa debe ofrecer a los trabajadores afectados por el ERE la posibilidad de recolocarse en otros puestos de trabajo de la empresa, si existen.
¿Cómo afecta un ERE a la empresa?
Un ERE puede afectar de diferentes formas a la empresa que lo lleva a cabo. Por un lado, puede suponer un ahorro importante en costes laborales, lo que puede contribuir a mejorar su rentabilidad y su viabilidad a largo plazo.
Por otro lado, un ERE puede tener un impacto negativo en la imagen de la empresa, especialmente si se lleva a cabo de forma abrupta o sin tener en cuenta los derechos de los trabajadores afectados. Además, si el ERE afecta a puestos de trabajo críticos o estratégicos, puede poner en riesgo la continuidad del negocio.
En cualquier caso, un ERE debe ser una medida excepcional y siempre debe estar justificado por causas económicas, organizativas o productivas. La empresa debe buscar alternativas al despido colectivo, como la reorganización interna o la formación de los trabajadores, antes de recurrir a esta herramienta.
En conclusión, un ERE es un procedimiento legal que permite a las empresas ajustar su plantilla a las necesidades reales del negocio. Sin embargo, su impacto en los trabajadores y en la empresa debe ser cuidadosamente evaluado antes de tomar una decisión.
